El 22 de julio se registraron masivas protestas en todo el país tras la firma de una ley que otorga amplios poderes al fiscal general sobre los principales organismos anticorrupción: la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO). La medida, impulsada por el Parlamento y firmada por el presidente Volodímir Zelenski ese mismo día, fue recibida con alarma tanto por sectores sociales como por la comunidad internacional, que advierten sobre un retroceso significativo en la institucionalidad democrática del país.
La ley que desató la tormenta
Con 263 votos a favor, 13 en contra y 13 abstenciones, la Rada Suprema aprobó un proyecto que modifica de forma drástica el equilibrio de poder en el sistema judicial ucraniano. La normativa habilita al fiscal general a emitir directivas vinculantes a NABU, reasignar casos fuera del organismo e incluso transferir facultades de SAPO a otras fiscalías ordinarias. De este modo, se socava la autonomía de ambas instituciones, consideradas pilares de las reformas post-Euromaidán.
Apenas unas horas después de su aprobación, la ley fue firmada por el presidente Zelenski, mientras miles de ciudadanos se congregaban en Kiev, Lviv, Odesa y Dnipró exigiendo su veto. Las consignas resonaban con fuerza: “¡Veto a la ley!”, “¡Basta de corrupción!” y “¡El poder es del pueblo!”. Veteranos de guerra, soldados en servicio y ciudadanos comunes marcharon en defensa de una arquitectura institucional que llevó una década construir.
Un retroceso democrático con implicancias estratégicas
Desde su creación en 2015, NABU y SAPO se convirtieron en símbolos de una Ucrania que buscaba dejar atrás la corrupción endémica de la era Yanukóvich. La independencia de estos organismos fue una de las principales condiciones exigidas por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional para el acceso a financiamiento y para el avance en el proceso de adhesión a la UE.
Las voces críticas no se hicieron esperar. La comisionada europea de Ampliación, Marta Kos, expresó en la red X su “seria preocupación” y consideró que la ley “desmantela salvaguardas clave que protegían la independencia de NABU”, lo que constituye “un grave retroceso”.
Por su parte, el director de NABU, Semen Kryvonos, advirtió que la nueva legislación amenaza con “la destrucción de la infraestructura anticorrupción de Ucrania” y compromete su trayectoria de integración euroatlántica. A su lado, el fiscal jefe de SAPO, Oleksandr Klymenko, fue tajante: “Esto es, en efecto, el fin de dos instituciones independientes”.
Críticas desde adentro del sistema
Incluso dentro del partido gobernante hubo voces disidentes. Anastasiia Radina, presidenta del comité parlamentario anticorrupción, denunció durante la sesión que el proyecto representa una farsa legal y un golpe directo a la independencia judicial. “Después de las enmiendas introducidas a último momento, SAPO se convierte en una ficción financiada por el presupuesto”, sostuvo.
El proyecto fue tramitado a una velocidad inusual: aprobado en comisión, votado en el recinto y firmado por el presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk, todo en menos de un día.
Operativos y persecución: el contexto previo
Un día antes de la aprobación de la ley, las oficinas de NABU y SAPO fueron objeto de más de 70 allanamientos realizados por la Fiscalía General, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Oficina Estatal de Investigaciones. Las autoridades alegaron infiltraciones rusas, malversación administrativa y delitos comunes como justificación de las redadas.
Según Kryvonos, durante los operativos se usó fuerza física excesiva y tres empleados de NABU resultaron heridos. Un agente fue arrestado por presunto espionaje para Rusia, mientras que otro fue vinculado con tráfico de drogas y grupos prorrusos. Las ONGs locales denuncian que estos procedimientos apuntan a desacreditar y desmantelar la estructura anticorrupción.
Reacciones internacionales y advertencias
La Unión Europea y los países del G7 manifestaron preocupación ante lo que consideran un intento de erosión institucional. “Estas instituciones son fundamentales para el programa de reformas de Ucrania y deben operar de manera independiente para mantener la confianza pública”, afirmó el vocero de la Comisión Europea, Guillaume Mercier.
Desde la sociedad civil, figuras como Daria Kaleniuk, directora del Centro de Acción Anticorrupción, acusaron al gobierno de reinstaurar el control del fiscal general sobre las investigaciones de alto nivel. “Esto restablece un modelo de justicia selectiva, donde los allegados al poder gozan de impunidad”, denunció.
Ecos del pasado y señales de alarma
Los paralelismos con el régimen de Viktor Yanukóvich son recurrentes. Para la historiadora Svitlana Matviienko, “este proyecto representa un punto de no retorno” que amenaza con revertir una década de avances. “La confianza construida desde 2014 se está desmoronando”, sentenció.
Otros analistas políticos consideran que esta maniobra política busca blindar al círculo presidencial ante futuras investigaciones. La opositora Inna Sovsun fue clara: “Esto no es solo preocupante; es un cambio estructural que golpea el corazón mismo de la democracia”.
La percepción compartida por gran parte de la sociedad es que se ha cruzado una línea roja. En palabras del legislador opositor Yaroslav Yurchyshyn: “Esperamos que ahora comiencen a cerrarse causas de alto perfil, como el caso Chernyshov”.
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