Un nuevo informe de la ONU ha reavivado las tensiones entre EE.UU. y El Salvador sobre la responsabilidad legal de los migrantes enviados desde suelo estadounidense a una prisión salvadoreña. El documento, citado por abogados en medio de juicios por deportaciones presuntamente ilegales, sostiene que El Salvador afirmó que la jurisdicción sobre los detenidos “recae exclusivamente” en Washington. La administración Trump, sin embargo, rechaza esa interpretación, alegando que los migrantes ya están bajo custodia total del país centroamericano.
Justicia estadounidense acusa a El Salvador de distorsionar el acuerdo
En una presentación judicial reciente, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) solicitó a un juez que desestime las declaraciones de funcionarios salvadoreños citadas por la ONU, argumentando que están descontextualizadas y son poco confiables. Según Washington, El Salvador ha actuado “en general de forma consistente” con la idea de que los migrantes trasladados están exclusivamente bajo su custodia. Sin embargo, documentos internos también revelan preocupaciones por supuestos malentendidos o representaciones intencionadamente erróneas dentro del gobierno salvadoreño
El conflicto surge en medio de demandas presentadas por organizaciones que acusan a la administración Trump de haber deportado personas sin base legal o por error, dejándolas en una prisión en El Salvador sin garantías procesales. Aunque el gobierno estadounidense insiste en que no tiene custodia ni control sobre los detenidos, las declaraciones hechas por El Salvador a la ONU en abril podrían complicar su defensa y aumentar la presión diplomática por aclarar el alcance del acuerdo bilateral.
Bukele devuelve migrantes venezolanos en una operación diplomática sin precedentes
La disputa entre EE.UU. y El Salvador sobre la jurisdicción de los migrantes detenidos adquirió una nueva dimensión tras el anuncio del presidente Bukele de que 252 venezolanos, enviados previamente desde suelo estadounidense al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), fueron liberados y devueltos a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros. El acuerdo incluyó la excarcelación de presos políticos venezolanos y diez ciudadanos estadounidenses retenidos en el país sudamericano.
Este giro pone en entredicho las afirmaciones del DOJ, que sostiene que los migrantes estaban bajo custodia exclusiva de El Salvador, y revela un posible uso geopolítico de estas detenciones. Además, el acuerdo confirma la existencia de un pacto más profundo entre la administración Trump y el gobierno de Bukele, por el cual Washington pagaría seis millones de dólares anuales a cambio de transferir la custodia de los migrantes. La revelación del canje también complica el escenario judicial en EE. UU., donde familiares y abogados de los deportados denuncian irregularidades, incluyendo detenciones arbitrarias, separaciones familiares y la falta del debido proceso judicial.
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