Estados Unidos volverá a apoyar a la Argentina en el litigio internacional por la expropiación de YPF. El Departamento de Justicia estadounidense informó a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York su intención de presentar un nuevo escrito amicus curiae en respaldo a la posición del Estado argentino, en el marco de una causa que podría sentar precedentes sobre la inmunidad soberana de los países frente a decisiones judiciales extranjeras.
Según confirmó el fiscal federal David E. Farber, el escrito retomará los principales argumentos esgrimidos por la administración Biden en 2023, cuando se alertó que la orden de entregar el 51% de las acciones de YPF violaba las normas de inmunidad soberana. En ese momento, Washington también advirtió que el fallo de la jueza Loretta Preska constituía un precedente peligroso que podría habilitar represalias legales contra activos o empresas estadounidenses en el exterior.
La Cámara de Apelaciones suspendió recientemente de forma preventiva la ejecución de esa orden y estableció un calendario para la presentación de alegatos. De acuerdo al abogado y exviceprocurador del Tesoro Sebastián Soler, “la incógnita ahora es si el gobierno de Trump mantendrá la misma posición jurídica o introducirá nuevos elementos”. El escrito del Departamento de Justicia se espera antes del vencimiento del plazo para argumentos, fijado para el 22 de julio.
En paralelo, la Cancillería argentina impulsó una estrategia de diplomacia judicial activa. A lo largo del proceso, gobiernos de América Latina como Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador presentaron escritos apoyando la posición de Buenos Aires, subrayando la importancia de respetar la jurisdicción de los países sobre sus activos internos. Las acciones de YPF en disputa están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires, no en territorio estadounidense, lo que refuerza el argumento argentino sobre la improcedencia del fallo de Preska.
El conflicto tiene como contraparte al fondo Burford Capital, que adquirió en España los derechos para litigar en nombre de las quebradas empresas Petersen Energía. Burford se opone al pedido argentino de suspensión definitiva de la sentencia y presentará su argumentación en las próximas horas. “Aunque la suspensión de la entrega de acciones representa un alivio procesal, el caso sigue abierto y el impacto mayor, hasta ahora, ha sido reputacional”, advirtió Juan Ignacio Carranza, de la consultora Aurora Macro Strategies.
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Esto demuestra que el poder judicial en EEUU, es una herramienta política y no una institución independiente dedicada a la justicia.