La Procuraduría General de la República de Brasil (PGR) presentó el lunes sus alegatos finales ante el Supremo Tribunal Federal (STF), reiterando su pedido de condena para el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete altos funcionarios por su participación en un plan que buscaba impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones presidenciales de 2022. La fiscalía acusa a Bolsonaro de liderar una organización criminal armada con el objetivo de subvertir el orden democrático, desacreditar el sistema electoral y fomentar actos violentos contra las instituciones.
En este sentido, la PGR solicita una pena superior a los 40 años de prisión para el exmandatario, por los delitos de intento de golpe de Estado contra Lula da Silva, tentativa de abolición del Estado democrático de derecho, formación de organización criminal armada y daño calificado al patrimonio público. De acuerdo al documento presentado por la subprocuradora general de Brasil, Lindôra Araújo, el grupo intentó “interrumpir el proceso democrático con medidas excepcionales e ilegales para mantener a Bolsonaro en el poder”.
Además del expresidente, están acusados Mauro Cid, exayudante de órdenes; Walter Braga Netto, exministro de Defensa; Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN); Almir Garnier, excomandante de la Marina; Anderson Torres, exministro de Justicia; Augusto Heleno, exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional; y Paulo Sérgio Nogueira, también exministro de Defensa. Todos enfrentan cargos similares, incluyendo participación en organización criminal y tentativa de abolición del Estado democrático.
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En los alegatos, la fiscalía destacó el papel de Mauro Cid como figura central en la planificación del golpe frustrado, subrayando su implicación en la redacción de decretos inconstitucionales, en reuniones con militares golpistas y en la difusión de desinformación contra el sistema electoral cuando asumía Lula da Silva. Según la PGR, los actos del 8 de enero de 2023 —cuando simpatizantes radicalizados de Bolsonaro invadieron las sedes de los tres poderes en Brasilia— fueron parte de una estrategia previamente articulada por el entorno del expresidente.
El documento de la acusación representa la última oportunidad de las partes para exponer sus argumentos y analizar las pruebas antes de que el STF delibere. Esta etapa cierra la fase de instrucción del proceso, durante la cual se recabaron testimonios, documentos y peritajes que la fiscalía considera determinantes. Un reporte del G1, el proceso podría concluir con una sentencia en las próximas semanas, marcando un hito en la rendición de cuentas por los ataques a la democracia brasileña.
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