El gobierno uruguayo confirmó que avanzará en la modificación de su polémica “Ley de Derribo”, con el objetivo de recomponer los vínculos técnico-militares con Estados Unidos y recuperar el acceso a equipamiento clave para su Fuerza Aérea.
Tal como expuso Zona Militar, la decisión de Montevideo responde a objeciones planteadas desde Washington, que considera que la normativa vigente —promulgada en 2020 durante el gobierno de Luis Lacalle Pou— viola acuerdos internacionales como el Protocolo de Montreal al contemplar la posibilidad de abatir aeronaves civiles, incluso si estas se vinculan a actividades ilegales.
La Ley de Derribo uruguaya fue incorporada dentro de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y establecía un protocolo de interceptación y neutralización de aeronaves no identificadas. Aunque el procedimiento se activó al menos en trece ocasiones, nunca se llegó a aplicar la fase final de derribo.
Desde 2020, esta norma generó un impasse en la relación bilateral con Estados Unidos, que congeló ventas y soporte técnico-militar, afectando directamente el mantenimiento de los aviones Cessna A-37B Dragonfly —la principal aeronave de combate de Uruguay— debido a la imposibilidad de adquirir repuestos.
La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, anunció que se modificará el articulado mediante decreto antes de fin de año. Aclaró que no se derogará la ley, sino que se ajustará la redacción para adecuarla a los compromisos internacionales: “Es una cuestión de terminología; subsanando eso, no hay ningún problema”.
Lazo también defendió el accionar de la Fuerza Aérea, señalando que existen alternativas menos extremas que el uso de la fuerza: “Hoy por hoy, usted puede acompañar a una nave no identificada e invitarla a que se retire sin necesidad de derribarla”.
La ministra recalcó que se trata de una actualización legal necesaria para mantener la vigencia de los acuerdos internacionales firmados por Uruguay y para recuperar capacidades operativas claves en el marco de una cooperación estratégica con EE.UU.
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