El consumo de drogas representa una amenaza creciente para la salud pública, con impactos desiguales según el género, la edad y las condiciones sociales. El informe World Drug Report 2025 de la ONU alerta que, aunque los hombres consumen más, las mujeres sufren mayores daños una vez que comienzan, mientras que los jóvenes enfrentan riesgos severos por su desarrollo físico y mental aún en formación. A pesar de estas vulnerabilidades, el acceso a tratamiento sigue siendo muy limitado: solo 1 de cada 12 personas con trastornos por consumo recibe atención médica, con barreras aún más altas para mujeres y adolescentes.
Jóvenes y mujeres, las caras ocultas de la crisis de drogas
El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) revela que, aunque aproximadamente tres de cada cuatro consumidores de cannabis, cocaína o heroína son hombres, las mujeres enfrentan consecuencias más graves cuando inician el consumo. Progresan más rápidamente hacia trastornos por consumo, presentan mayores tasas de comorbilidades psiquiátricas y enfrentan un mayor estigma social, especialmente si son madres. Este estigma, junto a barreras prácticas como la falta de servicios con perspectiva de género o el cuidado infantil, reduce drásticamente el acceso al tratamiento, profundizando el daño y la exclusión.
En el caso de los jóvenes, el informe destaca que el consumo es igual o incluso superior al de los adultos en la mayoría de las sustancias, a pesar de que su cuerpo y mente aún están en desarrollo. Esta etapa vital los hace especialmente susceptibles a efectos neurológicos y psicológicos de largo plazo. Además, los adolescentes enfrentan entornos de riesgo agravados por la desinformación digital, la normalización del uso recreativo en redes sociales, y la escasa disponibilidad de servicios accesibles y adecuados para su edad.
11 de cada 12 personas quedan fuera del tratamiento que necesitan
El World Drug Report 2025 lanza una advertencia clara: solo 1 de cada 12 personas con trastornos por consumo de drogas recibe tratamiento. Esta brecha, ya alarmante, es aún más profunda en mujeres, jóvenes y poblaciones rurales o en conflicto. Además, la mitad de las personas con trastornos de consumo presentan al menos una comorbilidad psiquiátrica, lo que duplica la complejidad de su atención. Esta realidad sobrecarga a sistemas de salud ya debilitados, y eleva los costos fiscales, sociales y humanos.
El informe subraya que las intervenciones deben ser basadas en evidencia científica, accesibles, adecuadas a la edad y el género, e integradas en los sistemas públicos de salud. Esto implica financiamiento estable, voluntad política y capacitación del personal sanitario. También se requiere un cambio cultural: reemplazar el castigo por cuidado, el prejuicio por comprensión, y la indiferencia por compromiso. Las conclusiones de la investigación enfatizan que la salud pública, y en particular la salud mental, sigue siendo el eslabón débil en las estrategias contra las drogas.
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