La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado argentino transferir el 51% de las acciones de YPF que controla actualmente, como forma de pago a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera en 2012.
La decisión responde a una solicitud presentada en abril de 2024 por Burford Capital, uno de los principales litigantes en el caso, ante la falta de cumplimiento por parte de la Argentina del fallo que la obliga a pagar una indemnización por US$16.100 millones.
Posteriormente, el banco deberá proceder a la transferencia de los derechos de propiedad a los beneficiarios designados en un plazo de un día hábil desde el depósito de las acciones. Desde la empresa YPF evitaron hacer comentarios tras la publicación de la resolución judicial, mientras que sus acciones caían un 6,4% en Wall Street a las 14:31 (hora argentina).
Reacciones del mercado y cuestionamientos sobre la aplicación del fallo
La sentencia de Preska fue interpretada por algunos analistas como de cumplimiento complejo en la práctica. Claudio Maulhardt, especialista de Galileo FCI, sostuvo en declaraciones que la decisión “parece impracticable y de improbable aplicación”, aunque representa un mensaje firme en cuanto a las consecuencias de incumplir decisiones judiciales internacionales. “Las deudas no son de las administraciones, son de la República”, afirmó el analista, en alusión a la continuidad jurídica del Estado argentino.
A su vez, Maulhardt consideró que esta medida no debería perjudicar estructuralmente la cotización de YPF en los mercados, ya que la sentencia está dirigida al Estado argentino y no a la compañía en sí misma. “Nos preguntamos si, con una mirada más amplia, sacarle al Estado de encima no sería una buena noticia para el papel”, agregó.
En contraposición al retroceso de YPF, las acciones de Burford Capital registraban un alza del 20% luego de conocerse la resolución. Esta firma adquirió en 2015 los derechos de litigio por la expropiación a cambio de US$16,6 millones y, de ejecutarse la sentencia completa, podría obtener ganancias por encima de los US$6.200 millones.
El caso se convirtió en uno de los litigios más costosos enfrentados por el Estado argentino en tribunales internacionales desde la salida de la convertibilidad, con costos que estamos pagando a día de hoy tras más de 13 años y tres gobiernos diferentes.
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