Reino Unido aumentará el gasto en defensa al 5% del PIB para 2035 en respuesta a nuevas amenazas

El primer ministro británico, Keir Starmer, se comprometió a destinar el 5% del PIB del Reino Unido a seguridad nacional para 2035, durante su intervención en la cumbre de la OTAN celebrada recientemente en La Haya. Este incremento supone el mayor nivel de inversión desde la Guerra Fría y responde a la creciente presión de Estados Unidos para fortalecer la postura defensiva de Europa ante amenazas globales emergentes.

Actualmente, el gasto británico en defensa representa aproximadamente el 2,3% del PIB. El nuevo plan prevé un aumento progresivo: 2,6% en 2027, seguido de un 3% en la próxima legislatura parlamentaria, con la meta final del 5% alcanzada en una década. Según fuentes del gobierno británico, esta estrategia será respaldada por una nueva Estrategia de Seguridad Nacional, centrada en la protección tecnológica, ciberseguridad, y la defensa de infraestructuras críticas.

En este sentido, el paquete presupuestario incluirá un 3,5% del PIB destinado a la defensa tradicional, mientras que el 1,5% restante se asignará a seguridad nacional no militar, como la ciberdefensa, protección de fronteras y seguridad energética. “Se trata de un ambicioso e histórico salto cuántico”, declaró el primer ministro neerlandés Mark Rutte, subrayando el compromiso del Reino Unido con una seguridad integral en un entorno global cada vez más volátil.

El anuncio de Starmer se produce en un momento de intensificación de los desafíos estratégicos en Europa, incluyendo la guerra en Ucrania, el aumento de los ciberataques y las tensiones con actores como China o Irán. La decisión también sigue la línea del renovado objetivo de la OTAN de elevar el estándar de gasto más allá del 2% tradicionalmente exigido, una propuesta defendida por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Sin embargo, el incremento del gasto en seguridad no estuvo exento de críticas internas, particularmente en sectores preocupados por el posible desvío de fondos públicos de servicios sociales como salud, educación y asistencia social.

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