El Parlamento de Letonia aprobó el 13 de junio una serie de enmiendas a la Ley de Seguridad Nacional que restringen severamente el acceso de ciudadanos rusos y bielorrusos a sectores considerados estratégicos para la seguridad del país.
La legislación define como infraestructuras críticas a aquellas instalaciones, sistemas o componentes cuya operatividad resulta esencial para la salud pública, la seguridad nacional, el bienestar económico y el funcionamiento de la sociedad. El objetivo declarado de la ley es evitar que actores vinculados a regímenes considerados hostiles accedan a datos sensibles o sistemas tecnológicos vitales.
Además de prohibir el acceso laboral, la nueva legislación veta que ciudadanos rusos o bielorrusos, así como empresas registradas en esos países, puedan poseer, administrar o beneficiarse de cualquier infraestructura crítica dentro del territorio letón.
La normativa exige que los propietarios de infraestructuras críticas demuestren lealtad a la República de Letonia y su Constitución, y prohíbe cualquier forma de apoyo, incluso en el plano informativo, a actores estatales o no estatales que representen una amenaza a la soberanía, la independencia o el orden constitucional de los Estados democráticos.
La decisión de Letonia se inscribe en un contexto regional más amplio de medidas restrictivas hacia ciudadanos y activos vinculados con Rusia y Bielorrusia. En fechas recientes, Lituania introdujo una prohibición total al ingreso de vehículos matriculados en Bielorrusia, independientemente de la nacionalidad del propietario o del conductor.
Ambas medidas reflejan la creciente preocupación en los países bálticos por la infiltración, el espionaje y la dependencia tecnológica en un escenario marcado por la guerra en Ucrania y las tensiones prolongadas con Moscú y Minsk. En este marco, Letonia endurece su legislación para blindar sus activos estratégicos y reforzar su resiliencia frente a posibles acciones híbridas o encubiertas promovidas por potencias hostiles.
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