Las protestas contra las redadas migratorias y la militarización de la seguridad interna en Estados Unidos se expandió rápidamente en los últimos días, alcanzando ciudades como Nueva York, Chicago, San Antonio y Salt Lake City. Esta última fue escenario de una masiva concentración frente al Ayuntamiento, rememorando los disturbios de 2020. El epicentro del descontento sigue siendo el condado de Los Ángeles, donde las acciones del gobierno federal provocaron un recrudecimiento del conflicto político y social.
En este contexto, un juez federal de San Francisco declaró ilegal la decisión de la Casa Blanca de asumir el control de las unidades de la Guardia Nacional de California, devolviendo su autoridad al gobernador. Esta medida intensificó el enfrentamiento entre el gobierno estatal y el federal. En simultáneo, se reportó la detención de menores de edad involucrados en las protestas, lo que suscitó preocupación entre organizaciones de derechos civiles.
Desde el Congreso, los legisladores republicanos iniciaron investigaciones para determinar si organizaciones progresistas, representantes empresariales o figuras políticas estarían financiando las movilizaciones. Paralelamente, se procedió con la apertura de canales de diálogo con el gobierno mexicano para coordinar operativos migratorios y abordar temas económicos relacionados con la frontera.
Pero la decisión del presidente Donald Trump de enviar tropas de la Guardia Nacional y marines a Los Ángeles polarizó a la sociedad estadounidense. Según una reciente encuesta de Reuters/Ipsos, el 48% de los encuestados apoya el despliegue militar para contener protestas violentas, mientras que un 41% lo rechaza. Solo el 35% aprueba la respuesta del mandatario ante los disturbios, y más de la mitad considera inaceptables sus amenazas de arrestar a funcionarios demócratas, incluyendo al gobernador de California, Gavin Newsom.
Por otro lado, a pesar de las tensiones, el apoyo popular a políticas migratorias más estrictas se mantiene elevado: un 52% de los encuestados, incluidos uno de cada cinco demócratas, apoya el aumento de las deportaciones. Sin embargo, casi la mitad cree que Trump ha excedido los límites con los arrestos masivos de inmigrantes. En Los Ángeles, donde uno de cada tres residentes es inmigrante, la comunidad salió a las calles en defensa de sus derechos, dando forma a una crisis que continúa escalando en el terreno político y social.
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