China, considerada el principal infractor mundial en materia de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), formalizó recientemente su adhesión al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El Overseas Development Institute (ODI), con sede en Londres, estimó que la flota de aguas distantes de China ronda las 17.000 embarcaciones, de las cuales al menos 600 operan de manera permanente en América Latina, habiendo sido responsables del agotamiento de poblaciones marinas y la alteración de ecosistemas a través de prácticas depredadoras, muchas veces al margen de la legalidad.
Aunque el AMERP impone a los países signatarios la obligación de sancionar a sus propios buques cuando incurren en actividades ilegales, los intereses estratégicos y económicos de China en su flota de pesca oceánica podrían condicionar la aplicación efectiva del tratado, de hecho, apenas formalizado el ingreso de Pekín al acuerdo, se avistaron decenas de embarcaciones chinas operando en el límite de la zona económica exclusiva de Argentina, lo que derivó en un refuerzo de la vigilancia por parte de la Armada nacional.
Vigilancia regional y daños ecológicos
La presencia de buques chinos también generó respuestas en otros países, en abril, la Armada de Chile desplegó personal en el estrecho de Magallanes para monitorear el paso de la flota y, previamente, organizaciones como el Frente Insular de la Reserva Marina de Galápagos, en Ecuador, advirtieron que los barcos se dirigían hacia Perú, una de las zonas más afectadas por la pesca no regulada.
César Lerena, presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL), advirtió que esta actividad pesquera representa una amenaza directa a la soberanía de los Estados ribereños, obstaculiza su desarrollo económico y puede provocar daños irreversibles al ecosistema marino.
En Perú y Ecuador, la pesca de calamar gigante es uno de los principales objetivos de estas flotas, aunque también se ha documentado la captura de tiburones, incluso especies protegidas como el tiburón martillo. En abril, en la ciudad ecuatoriana de Manta, la Policía Nacional incautó 15 toneladas de aletas de tiburón y caballitos de mar con destino al mercado chino.
Expansión de la actividad hacia la Amazonia brasileña
Las denuncias se extienden incluso a la región amazónica, donde, en la costa del estado brasileño de Pará, particularmente en la isla de Marajó, se ha reportado la presencia de buques chinos que practican pesca de arrastre y recolección de agua dulce para su exportación.
El impacto sobre los pescadores locales es significativo, ya que los barcos chinos, al concentrar las capturas más valiosas mediante técnicas ilegales, monopolizan el recurso pesquero y fuerzan a embarcaciones brasileñas menores a comprarles parte del botín de forma clandestina para abastecer al mercado interno.
En febrero de 2025, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) y el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) incautaron más de tres toneladas de pescado ilegal durante una operación en el río Xingú, pero, aunque no se identificó oficialmente la nacionalidad de las embarcaciones, el volumen decomisado evidencia la magnitud del problema.
Intereses estratégicos y estructuras logísticas
Además de la pesca directa, expertos advierten sobre el interés de China en establecer infraestructura portuaria en la región como parte de una estrategia para facilitar el abastecimiento de su flota. Según Lerena, estos acuerdos con gobiernos locales pueden incluir inversiones en astilleros o terminales pesqueras, lo que refuerza su capacidad operativa y logística para sostener una presencia constante en el Atlántico y el Pacífico sur.
A pesar del marco normativo internacional vigente, la falta de fiscalización efectiva, el poder económico de China y la débil capacidad de respuesta de muchos países latinoamericanos han contribuido a que esta problemática persista.
El problema de la pesca INDNR en América Latina, particularmente el accionar de la flota china, constituye una amenaza estructural que compromete no sólo el equilibrio ecológico, sino también la autonomía económica y territorial de los Estados ribereños. Frente a ello, los expertos coinciden en que se requiere una estrategia coordinada regional, con capacidad técnica y voluntad política, para contrarrestar una actividad que sigue en expansión.
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