Israel comenzó a implementar un nuevo mecanismo para la distribución de ayuda humanitaria en Gaza que generó un amplio rechazo por parte de Naciones Unidas, organizaciones humanitarias y autoridades palestinas. El modelo, impulsado por la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), una organización respaldada por Estados Unidos y aprobada por Israel, desplaza al sistema tradicional encabezado por la ONU y los principales actores humanitarios que desde octubre de 2023 operaban en condiciones críticas para asistir a la población del enclave palestino.
La iniciativa prevé la entrega centralizada de alimentos a través de cuatro centros situados en el sur del territorio, cerca de posiciones militares israelíes, lo que obliga a los civiles palestinos a desplazarse a esas zonas para recibir ayuda. Según el plan divulgado por la GHF, cada centro atendería a unas 300.000 personas y, eventualmente, se espera cubrir a más de dos millones.
Sin embargo, la mayoría de la población gazatí permanece desplazada en el norte y centro del enclave, lo que vuelve difícil su acceso a los centros habilitados. Organizaciones como el Consejo Noruego para los Refugiados advierten que esta configuración obliga a los civiles a cruzar líneas militares activas, exponiéndolos a verificaciones de identidad, vigilancia y potencial desplazamiento forzado, lo que podría violar el derecho internacional.
Cuestionamientos y poca transparencia en el plan del Gobierno de Netanyahu
La operación de la GHF inició en medio de una crisis de legitimidad: Jake Wood, su director ejecutivo, renunció apenas antes del comienzo de la distribución alegando que no se le permitiría operar con independencia. Wood, exmilitar estadounidense y fundador de la organización de asistencia Team Rubicon, había negociado con Israel para que, hasta que al menos ocho centros estén en funcionamiento, el sistema de la ONU siguiera en paralelo suministrando ayuda alimentaria.
También reconoció que el GHF no estaba en condiciones de distribuir otros insumos vitales como medicamentos, agua o materiales de refugio, por lo que pidió que la ONU siguiera a cargo de esa parte de la asistencia. Sin embargo, no hubo confirmación oficial de que las autoridades israelíes aceptaran esos términos.
Pero los cuestionamientos al plan van más allá de la estructura operativa. La ONU y grupos como UNICEF, Médicos Sin Fronteras y el Comité Internacional de la Cruz Roja denuncian que el nuevo sistema transforma la ayuda humanitaria en un instrumento político y militar. Aseguran que al forzar a la población a concentrarse en áreas designadas por Israel, el mecanismo favorece una reingeniería demográfica en Gaza y condiciona el acceso a necesidades básicas a la lógica de seguridad israelí.
El plan cuenta con un financiamiento aún poco claro. GHF asegura tener más de 100 millones de dólares comprometidos por un país miembro de la Unión Europea, aunque no ha revelado la identidad del donante. Ni Israel ni Estados Unidos, a pesar de respaldar políticamente la operación, reconocieron estar financiando directamente a la organización. A la fecha, tampoco está definido quién reemplazará a Wood al frente de la GHF, ni si figuras como el exdirector del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David Beasley —mencionado en documentos internos de la fundación—, aceptarán asumir la dirección.
Israel continúa vulnerando los derechos humanos en Gaza
El gobierno de Israel sostiene que la implementación de un nuevo sistema era necesaria para impedir que Hamás desviara la ayuda, aunque no presentó pruebas concluyentes sobre eso. Mientras tanto, organizaciones humanitarias insisten en que el desvío de suministros es mínimo y que el bloqueo de la ayuda durante casi tres meses provocó una catástrofe alimentaria que llevó a Gaza al borde de la hambruna. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó recientemente que los civiles serían trasladados a una “zona estéril” para su protección, pero agregó que una vez allí “no necesariamente regresan”, lo que refuerza los temores de un desplazamiento prolongado o permanente.
Los estándares de distribución alimentaria también fueron cuestionados. GHF afirma que cada comida proporcionada tendrá 1.750 calorías, por debajo de las 2.100 recomendadas por organismos como la OMS y el PMA para situaciones de emergencia. Los expertos advierten que esta reducción podría agravar aún más la ya precaria situación sanitaria y nutricional en Gaza. Para el portavoz de UNICEF, James Elder, el sistema existente “ya ha demostrado que puede responder si se le permite”, y llama a regresar a los mecanismos que funcionaron en emergencias anteriores, en lugar de imponer estructuras nuevas que no cuentan con consenso ni experiencia en el terreno.
Lo cierto es que el nuevo sistema de ayuda propuesto por Israel y ejecutado por la GHF representa una ruptura con los principios tradicionales de neutralidad, imparcialidad e independencia en la asistencia humanitaria. En un contexto de creciente ocupación militar, desplazamiento forzado, violencia y carencia extrema, la politización de la ayuda no solo vulnera el derecho internacional, sino que pone en riesgo la vida de millones de personas.
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