En un contexto de elevada informalidad y necesidad urgente de divisas, el gobierno argentino presentó nuevas disposiciones económicas que, según sus autoridades, se ajustan a los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con medidas orientadas a permitir el uso de ahorros no declarados sin que ello implique automáticamente la apertura de investigaciones por parte del Estado.
El Grupo de Acción Financiera Internacional es una organización intergubernamental con sede en París, creada en 1989 por los países del G-7, cuya función es establecer estándares globales para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Argentina forma parte del sistema de evaluación mutua del organismo y está sujeta a revisiones periódicas sobre la eficacia de su marco legal y regulatorio.
Entre los cambios más relevantes se destaca el incremento del umbral a partir del cual bancos y empresas deben reportar operaciones al Fisco. Esto, en la práctica, habilita transacciones de mayor volumen sin la obligación inmediata de justificar el origen de los fondos.
Asimismo, se eliminan ciertos requisitos de presentación de declaraciones juradas patrimoniales para realizar operaciones de consumo o inversión, una exigencia considerada excesiva por las autoridades actuales.
El Gobierno argumenta que las modificaciones no implican un debilitamiento del sistema de prevención de lavado de dinero, sino una racionalización de los recursos de control.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que, bajo el esquema anterior, se reportaban tantas operaciones como “sospechosas” que la Unidad de Información Financiera (UIF) solo podía auditar el 0,34% del total, en este sentido, calificó al sistema anterior como una “pantomima de control” ineficaz para combatir flujos ilícitos provenientes de delitos graves.
El último informe del organismo sobre Argentina exhortó a las autoridades nacionales a destinar sus recursos a perfiles de riesgo verdaderamente relevantes, tales como operaciones vinculadas al narcotráfico, la trata de personas y el financiamiento del terrorismo.
De acuerdo con la interpretación del Ejecutivo, la alta informalidad estructural que caracteriza a la economía argentina requiere una recalibración de las estrategias de fiscalización, priorizando amenazas complejas en lugar de dispersar esfuerzos en la vigilancia de transacciones de bajo impacto.
Aunque el Gobierno sostiene que las nuevas medidas responden a los criterios internacionales y buscan mayor eficiencia en la asignación de recursos de control, persisten cuestionamientos sobre los riesgos asociados.
La eliminación de barreras a operaciones no registradas podría, según algunos especialistas, abrir espacios de arbitraje normativo que faciliten el ingreso de fondos ilícitos bajo la apariencia de capital no declarado.
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