La reciente aprobación de la directiva de Diligencia Debida en materia de sostenibilidad corporativa (CSDDD, por sus siglas en inglés) por parte de la Unión Europea podría alterar significativamente el panorama del comercio internacional de gas natural licuado (GNL). Esta normativa, que entrará en vigor de manera escalonada hasta 2026, establece requisitos obligatorios para que las empresas importadoras reporten las emisiones de alcance 3, incluyendo aquellas relacionadas con la producción, transporte y licuefacción del gas.
La normativa obliga a todas las empresas, dentro y fuera de la Unión Europea, con un volumen de negocios superior a 450 millones de euros, a medir y reportar el impacto ambiental de sus cadenas de suministro. En caso de incumplimiento, las sanciones podrían alcanzar hasta el 5% de los ingresos globales de las empresas involucradas.
En el caso del GNL, esta disposición introduce desafíos logísticos y tecnológicos significativos. Según un directivo citado por EconoJournal, “los importadores están preocupados porque no tienen los mecanismos o herramientas para cumplir con estas obligaciones”.
La presión recaerá principalmente sobre las terminales de regasificación europeas, que deberán garantizar la trazabilidad de las emisiones en toda la cadena de suministro. No obstante, esta exigencia también afectará a los productores, como los proyectos argentinos liderados por YPF y Shell, quienes buscan expandir sus exportaciones al bloque europeo.
El impacto de la nueva directiva ya generó reacciones internacionales. Qatar, uno de los mayores exportadores de GNL al mercado europeo, ha rechazado rotundamente los términos de la normativa. Su ministro de Energía, Saad Sherida al-Kaabi, advirtió que el país podría cesar sus envíos a Europa si se aplican sanciones bajo esta legislación. “Si pierdo el 5% de mis ingresos abasteciendo a Europa, no abasteceré a Europa”, afirmó al Financial Times.
Por otro lado, los importadores europeos también expresaron preocupación sobre el GNL proveniente de Estados Unidos, debido a las dificultades adicionales para cumplir con los requisitos de trazabilidad en la cadena de producción norteamericana.
Para Argentina, que ha avanzado en proyectos estratégicos de GNL, como la asociación entre YPF y Shell tras desplazar a Petronas, la nueva normativa representa un desafío, pero también una oportunidad. El país busca posicionarse como un actor clave en el mercado internacional de gas, aprovechando la creciente demanda en Europa, especialmente tras el rechazo de Alemania a las entregas de GNL ruso.
Argentina deberá garantizar que sus proyectos cumplan con los criterios ambientales requeridos por los importadores europeos. Esto podría implicar inversiones adicionales en certificaciones y tecnologías de monitoreo de emisiones, así como una colaboración estrecha con las terminales de regasificación europeas.
El éxito de Argentina en este escenario dependerá de su capacidad para adaptarse rápidamente a las nuevas exigencias regulatorias, consolidando su rol en el mercado internacional de GNL sin perder de vista la sostenibilidad ambiental y la competitividad económica.
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Fuente: EconoJournal
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