Debate presidencial en Estados Unidos: agua, contaminación e incertidumbre

Estados Unidos es el segundo país con mayor emisiones de gases de efecto invernadero. De acuerdo a Climate Watch, en 2022, las emisiones de dióxido de carbono de Estados Unidos fueron alrededor de 5.080 millones de toneladas anuales. El rol de Estados Unidos para la transición energética, la reducción de los gases de efecto invernadero y la acción climática, ponen en foco el futuro político del país norteamericano.

Pero, también, el impacto de los fenómenos climáticos adversos son desafíos a resolver al interior del país. Hace unas semanas, las regiones del Medio Oeste y del Noreste alcanzaron temperaturas récord en medio de una intensa ola de calor. A ello se sumaron las lluvias que produjeron inundaciones en áreas de los estados Iowa, Dakota del Sur, Minnesota, Michigan, Wisconsin y Nebraska. La crecida del río Big Sioux entre Iowa y Dakota del Sur hizo colapsar el puente ferroviario que conecta ciudades de ambos estados. 

El primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre, incluyó una pregunta sobre cambio climático. En particular, la pregunta se dirigió hacia Donald Trump, para conocer si él cómo presidente tomaría alguna medida para frenar la crisis climática. A la pregunta de la moderadora Dana Bash, Trump contestó: “Quiero agua absolutamente limpia e inmaculada y quiero aire absolutamente limpio. Y lo tuvimos. Tuvimos H2O, tuvimos los mejores números de todos los tiempos”. 

La mención al agua no es casual, días previos al debate, grupos ambientalistas y miembros del partido demócrata hicieron declaraciones acerca de la elección que tienen los estadounidenses entre agua limpia o agua sucia, ante un posible triunfo de Trump. Estados Unidos registra grandes niveles de contaminación del agua potable. Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), desde 1982 a 2015, entre 9 y 45 millones de estadounidenses obtuvieron agua potable de una fuente que violaba la Ley de Agua Limpia (1972). 

La ley protege el agua y los humedales de la contaminación en todo el país, pero se originaron diversas denuncias acerca del alcance de la misma. En 2015, Barack Obama impulsó la Reglamentación sobre Agua Limpia para dar mayor precisión acerca de las áreas protegidas (60% de las masas de agua), y asegurar la provisión de agua limpia a 117 millones de personas que hasta ese momento se veían afectadas por la contaminación debido a los vacíos de la ley. 

En 2019, Trump derogó dicha reglamentación como un guiño hacia agricultores y mineras. A diferencia de lo que dijo el expresidente, para dar algunos ejemplos, en 2019, The Associated Press denunció que, en promedio, más de 50 millones de galones de aguas residuales fluían desde las minas hacia depósitos de agua dulce sin ningún tratamiento. Por su parte, en 2020, Environmental Working Group publicó una investigación en donde alertaba acerca del aumento de la contaminación del agua potable por nitratos en las zonas agrícolas, siendo los estado más afectados, Illinois, Iowa, Kansas, Maryland, y Nebraska.

En la refutación, Biden hizo referencia a su “legislación sobre cambio climático más extensa de la historia”, con relación a Inflation Reduction Act (IRA) de 2022. Aunque la ley apunta al financiamiento para los sectores afectados por la sequía y sistemas voluntarios de reducción del consumo de agua, lo relevante de la administración de Biden fue el cambio en la regulación de la EPA por  la contaminación del agua a causa de las sustancias químicas permanentes, sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS, por sus siglas en inglés) desde febrero de 2021.

Dichas sustancias tienen efectos en la salud y pueden provocar, por ejemplo, aumento en los niveles de colesterol, retraso en el desarrollo de los niños y mayor riesgo de sufrir algún tipo de cáncer.  Una nueva medida de Biden, anunciada en abril de 2024, propone nuevas restricciones para las empresas e investigaciones para detectar la contaminación del agua potable por estas sustancias, además de inversiones para eliminar las PFAS. En mayo, se publicaron nuevos resultados de las pruebas que realiza la EPA. El estudio indicó que casi 300 de los sistemas públicos de agua potable de Estados Unidos excedieron los límites anuales de PFAS.

Se espera que la EPA hasta 2025 pueda testear las aguas en todo el país, en donde se prevé que al menos el 60% de la población de Estados Unidos puede estar afectada por PFAS en el agua potable. Luego del debate transmitido por la CNN desde Atlanta, Georgia, se generan interrogantes con relación a la continuidad o los cambios en un área trascendental para la salud y el ambiente.

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