Más de 40 países instaron el martes a China a permitir el acceso inmediato del jefe de derechos humanos de las Naciones Unidas a su región occidental de Xinjiang para investigar los informes de que más de un millón de uigures de etnia musulmana han sido detenidos -algunos sometidos a tortura o trabajos forzados-, lo que provocó una furiosa respuesta de China.
“Estamos muy preocupados por la situación de los derechos humanos en la región autónoma de Xinjiang”, dijo el embajador de Canadá, Leslie Norton.
La declaración en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra fue respaldada por Australia, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón, España y Estados Unidos, entre otros.
Pekín debe permitir a la jefa de derechos de la ONU, Michelle Bachelet, y a otros observadores independientes un “acceso inmediato, significativo y sin restricciones” a Xinjiang, y poner fin a las “detenciones arbitrarias” de uigures y otras minorías musulmanas, señaló.
“Informes creíbles indican que más de un millón de personas han sido detenidas arbitrariamente en Xinjiang y que existe una vigilancia generalizada que afecta de forma desproporcionada a los uigures y a los miembros de otras minorías, así como restricciones a las libertades fundamentales y a la cultura uigur”, señala la declaración.
La declaración, dirigida por Canadá, citaba informes de tortura, esterilización forzada, violencia sexual y separación forzada de niños de sus padres.
China ha negado haber maltratado a los uigures, antaño mayoritarios en su tierra ancestral hasta que las oleadas de chinos de etnia han comenzaron a emigrar allí con el apoyo del Estado. Pekín ha negado todas las acusaciones de malos tratos a los uigures y otros musulmanes turcos y ha dicho que los campos son centros de formación profesional necesarios para combatir el “extremismo religioso”.
Bachelet dijo el lunes al Consejo que esperaba acordar los términos de una visita este año a China, incluido Xinjiang, para examinar las denuncias de graves violaciones contra los uigures musulmanes. Su oficina ha estado negociando el acceso desde septiembre de 2018.
La declaración, largamente esperada y que llevaba varios días en trámite, “envía un mensaje crucial a las autoridades de China de que no están por encima del escrutinio internacional”, ha declarado Agnes Callamard, directora del grupo de derechos Amnistía Internacional.
Pero los países “deben ir ahora más allá de los lamentos y tomar medidas reales”, añadió.
China había respondido incluso antes de que se emitiera, apuntando a Canadá, que ha acusado a China de “diplomacia de rehenes” por su detención de dos canadienses en diciembre de 2018.
El representante de Pekín leyó una declaración en nombre de un grupo de países que dijeron estar “profundamente preocupados por las graves violaciones de los derechos humanos contra el pueblo indígena en Canadá”.
Bielorrusia, Irán, Corea del Norte, Rusia, Sri Lanka, Siria y Venezuela estaban entre los cofirmantes, según Naciones Unidas.
“Históricamente, Canadá ha despojado a los indígenas de sus tierras, los ha matado y ha erradicado su cultura”, decía la declaración.
Se refiere al reciente descubrimiento de 215 tumbas sin marcar en un antiguo internado del oeste de Canadá, uno de los muchos internados creados hace un siglo para asimilar por la fuerza a los pueblos indígenas de Canadá.
“Pedimos una investigación exhaustiva e imparcial de todos los casos en los que se cometieron crímenes contra la población indígena, especialmente contra los niños”, concluye la declaración.
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